El nuevo pacto suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP -publicado íntegramente hoy- fue aplaudido en las calles y recibido con optimismo por la mayoría de los sectores políticos.

Pese a los cambios realizados, mantiene las bases esenciales del que fue
rubricado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y contempla las
transformaciones necesarias para la construcción de la paz, comentó el
senador Iván Cepeda, uno de los facilitadores de los diálogos entre ambas
partes.

En su opinión el presente es un verdadero acuerdo, no un acta de
sometimiento (…) y lo que corresponde ahora es refrendar de la manera más
rápida el conjunto de convenios a fin de comenzar cuanto antes el proceso de
concentración de esa guerrilla -en las zonas y puntos previamente
establecidos- y la dejación de armas o desarme de dicho movimiento.

Tras el plebiscito del 2 de octubre, cuando la mayoría de los participantes
rechazó el consenso de Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos abrió un
debate nacional para reajustar tal documento.

Luego de intensas jornadas de trabajo en Cuba los dos equipos de
negociadores lograron terminar el reciente texto que incluye precisiones o
modificaciones en 56 de los 57 ejes temáticos analizados.

Es un tratado que recoge el 90 por ciento de las inquietudes de los
promotores del No en ese ejercicio democrático, subrayó el presidente del
Parlamento Mauricio Lizcano, citado por el diario El Tiempo.

Para el congresista liberal Guillermo García con el último pacto, fruto de
una gran conciliación, renace la esperanza sobre el fin de la guerra,
prolongada durante más de medio siglo.

El escrito varió notoriamente en comparación con el previo en temas como
justicia transicional al ponerle un plazo de 10 años a la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), y establecer que los jueces serán colombianos y
no extranjeros, afirmó el representante a la Cámara por el partido
Conservador “scar Fernando Bravo.

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Según lo convenido la JEP será la encargada de investigar, juzgar y
sancionar a responsables de la conflagración bajo las premisas de cero
impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, pero sí beneficios como
indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.

Que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP), mayor organización insurgente involucrada en la confrontación
interna, hayan aceptado entregar los bienes me parece más que importante
para tener cómo reparar a las víctimas, creo que a partir de este momento se
abre el camino para la implementación en el Congreso sin mayor dificultad,
manifestó.

Ahora a implementar el nuevo acuerdo y a instalar la Mesa con el también
rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), escribió en su cuenta de
Twitter el legislador Alirio Uribe por la alianza Polo Democrático
Alternativo, mayor convergencia de izquierda.

Y aunque la primera reacción del expresidente Álvaro Uribe, principal
detractor de las pláticas con las FARC-EP, fue pedir que el consenso no
fuera presentado como el conclusivo, el ministro del interior Juan Fernando
Cristo aclaró que sí tiene carácter definitivo.

En conversación con BluRadio, el funcionario enfatizó que la reunión de los
voceros gubernamentales con los simpatizantes del No será estrictamente
informativa.

La noticia en torno al actual trato sorprendió a los colombianos en la
noche del sábado, transcurrido má s de un mes de incertidumbre luego del
también inesperado resultado del plebiscito, que puso en duda la vigencia de
todo lo consensuado con las FARC-EP a finales de septiembre.

Entonces desde la Casa de Nariño el mandatario llamó a la unidad a todas
las fuerzas políticas y sectores para avanzar finalmente en la esbozada ruta
de la paz.

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