La corrupción administrativa parece un lobo al acecho, que, al menor descuido, se lleva su tajada, no a la boca; sino al bolsillo de determinados directivos y funcionarios.

No vivimos en otras latitudes donde el desfalco está a la orden del día; sin embargo, los 11 casos registrados por la Contraloría Provincial el pasado año en Sancti Spíritus dicen y redicen que este fenómeno es un cáncer difícil de extirpar.

¿En qué organismos ocurrieron hechos de corrupción? En la lista aparecen el Consejo de la Administración Provincial, la Agricultura, Comercio Interior, Industria Alimentaria, Comunicaciones, Empresa Azucarera, Recursos Hidráulicos, Transporte y Banco Popular de Ahorro.

Entre los casos merece párrafo aparte el detectado en la Unidad Empresarial de Base Matadero Víctor Ibarra, cuya afectación económica ascendió a más de 1 524 600 pesos.

Si no se miran con lupa las causas que sirven de abono a estos casos, y más que ello, si no se actúa sobre dichas condicionantes, el enfrentamiento a la corrupción administrativa se vuelve escaramuza y discurso retórico.

A la hora del análisis no deben soslayarse la falta de supervisión y control, así como la deshonestidad de los implicados que se escudan en sus funciones para alcanzar beneficios personales a costilla de los recursos del Estado.

No resulta menos relevante la ausencia de un verdadero ambiente de control, en menoscabo de la Resolución 60, suscrita por la Contraloría General de la República, una especie de ABC para que el control interno devenga muro de contención contra todo lo que huela a delito, ilegalidad y actos corruptos en las empresas, unidades presupuestadas y otras organizaciones.

Más de una vez he escuchado el criterio de que se constatan avances en el control interno en Sancti Spíritus. No lo niego. Sin embargo, un dato nos debiera mantener con los ojos muy abiertos: durante el 2017, 24 entidades recibieron la evaluación de deficiente o mal, cifra equivalente al 20 por ciento de las acciones de control calificadas.

A raíz de ello, en el plano administrativo fueron aplicadas 165 medidas disciplinarias a directivos, ejecutivos y trabajadores. En el orden judicial, se dio curso a los procesos penales en los casos necesarios.

Para que no se recicle la impunidad, las sanciones deben aplicarse con rigor y sin extremismos. No obstante, siempre deberá apostarse por la prevención como la mejor carta para encarar los delitos económicos y la corrupción, que permanecen como. lobos al acecho.

No hay comentarios