Ankara, (PL) El hallazgo del cadáver de una niña de cuatro años perdida en el este de Turquía preocupó a todo el país, especialmente sensible con los menores, y puso sobre la mesa unas estadísticas inquietantes sobre desaparecidos.

 

Leyla Aydemir fue encontrada muerta el 2 de julio junto a un arroyo, a unos tres kilómetros de la aldea donde vivía su abuelo y tras 18 días de búsquedas incesantes en campos, cañaverales y pozos de la comarca por parte de equipos especiales.

Según los informes preliminares la niña murió de inanición y presentaba signos de insolación, pero sin marcas de violencia ni evidencias que pudieran determinar un secuestro o cualquier otro tipo de asalto, por lo cual la fiscalía encargada del caso aceptó la posibilidad de que el cuerpo fuera trasladado al lugar de residencia.

Un día antes otra niña de ocho años, Eylül Yaglikara, había sido enterrada por sus familiares tras hallar su cuerpo sepultado por la caída de un poste de electricidad y después de una semana de exhaustivas batidas por la zona donde se extravió.

Ambos sucesos se convirtieron en noticias de portada de numerosos medios y pocas horas después se dieron a conocer nuevos casos de niños desaparecidos en las últimas semanas. En concreto el diario Hürriyet publicó los nombres y la procedencia de tres de ellos con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años.

El diario Birgün divulgó el 3 de julio un informe oficial, elaborado por el Instituto de Estadística de Turquía, en el que se cifraba en 104 mil 531 el número de menores desaparecidos en el país entre 2008 y 2016 a partir de las denuncias interpuestas ante las autoridades por sus padres o tutores, lo que supone un promedio de 968 casos al mes.

El documento no ofrecía datos sobre cuántos de estos menores fueron encontrados con posterioridad, al tiempo que mostraba un alarmante aumento desde los 4 mil 517 registrados en 2008 y el pico de la estadística de 17 mil 706 casos, en 2015.

De acuerdo con el informe, del total contabilizado, un 57 por ciento correspondían a niñas y uno de cada cuatro casos estaba motivado por el abandono voluntario de la vivienda familiar.

En este sentido las investigadoras Isil Erdemli y Ebru Ergin, del Centro Internacional de Niños, explicaron que en muchos casos la desaparición de menores se debe a su huida de albergues o de sus propios hogares debido a razones como la violencia, el abuso y la pobreza.

Al tiempo alertaron sobre los riesgos y muchos tipos de violencia a los que se exponen en estos casos, por lo que pidieron a las autoridades ‘concentrar los esfuerzos en la prevención para evitar que los niños desaparezcan’.

Con ello tratan de eliminar el mapa de riesgos y trabajar con los menores una vez que se encuentran y aplicar políticas de ayuda y apoyo psicosocial para las familias.

Otra razón importante por la cual los menores se escapan del entorno familiar, fundamentalmente en el caso de las chicas, se debe a su negativa de aceptar el matrimonio impuesto, acordado por sus parientes desde temprana edad.

En este sentido Gamze Akkus Ilgezdi, vicepresidenta de la principal formación opositora el Partido Republicano del Pueblo (CHP), acusó al gobierno de dar la espalda a este problema y le responsabilizó del aumento del número de casos de desapariciones por las incorrectas e insuficientes políticas sociales que deberían aplicarse en esta materia.

Las críticas tienen cierta base, pues la línea de acción del Poder Ejecutivo con respecto a los menores se dirige básicamente hacia la erradicación del abuso infantil, abordado únicamente desde una dimensión física y sexual.

Sin embargo, como expresó la diputada Ilgezdi estos abusos comprenden otras áreas ‘generalizadas, dolorosas y preocupantes’, que hacen referencia al considerable aumento en los últimos años de los suicidios infantiles.

Con respecto a las desapariciones, se evidencian datos vagos, como que las estadísticas oficiales no contabilicen el número de niños recuperados tras la denuncia y su posterior búsqueda.

O que, por el contrario, en 2017 se registren 11 mil 691 menores devueltos a sus familias o a centros de protección sin contabilizar a los desaparecidos.

Ello quedó evidenciado en la información facilitada por el Ministerio de Familia y Políticas Sociales cuando en el mes de marzo la diputada Aylin Nazliaka planteara una pregunta al Poder Ejecutivo.

También es reseñable que el proyecto de investigación ‘Familias que perdieron a sus seres queridos’, que cifraba las desapariciones de 2016 en más de 30 mil, fuera vetado en el parlamento por el partido de gobierno porque casi duplicaba el cómputo oficial para ese año.

En efecto, algunos investigadores sostienen que la dimensión del problema es mayor de lo que los datos oficiales presentan, pues muchos niños que viven en la calle no computan al no existir denuncias sobre ellos, bien por pertenecer a familias desestructuradas o por haber sido abandonados por sus progenitores.

Por supuesto, junto a las causas expuestas también existen casos de secuestros o asesinatos por parte de padres, parientes u organizaciones criminales que pueden utilizar a niños como forma de obtener dinero, traficar con órganos o cualquier otro fin ilícito.

Pero estos u otros motivos tampoco son objeto de investigación por parte de las autoridades, lo cual es un problema que alarma a la sociedad.

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