Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, es el destino turístico más importante del continente africano. Allí llegan visitantes de todo el mundo atraídos por la fauna local, la belleza de unas edificaciones de estilo holandés y el atractivo de paisajes como la Montaña de la Mesa. En la urbe de más de tres millones de habitantes radica el parlamento nacional y un importante puerto comercial. En los pasillos de esa entidad legislativa a estas horas no se habla de otra cosa que de la “hora cero”, el momento en el que se convierta en la primera ciudad de importancia en el mundo en quedarse sin agua.

Mientras la policía y el ejército se preparan para enfrentar la situación, se ponen en práctica otras alternativas, ninguna de las cuales arroja una solución sostenible y definitiva, la cual solo está en la voluntad de la naturaleza. Hace falta que llueva, lo suficiente como para alimentar los embalses sedientos luego de un lustro de sequía. La situación de Ciudad del Cabo no deja de ser interesante porque se trata de un lugar reconocido por sus planes en el manejo eficiente del agua, pero esas políticas públicas no bastaron para mitigar los efectos del cambio climático.

La crisis de la urbe sudafricana no es única. Un estudio publicado por la revista Nature señala que más de la mitad de las ciudades se quedarán sin agua en 30 años, con una afectación a alrededor de 500 millones de personas. La investigación fue desarrollada por expertos de la universidad alemana de Kassel y corrobora otros datos aportados por la NASA en 2015, que apuntaban a que un tercio de las mayores cuencas de aguas subterráneas de la Tierra se están agotando rápidamente en todo el mundo por el consumo humano.

De acuerdo con el Global International Geosphere-Biosphere Programme (IGB), el crecimiento poblacional y económico global creciente hacia patrones de consumo más intensivos en recursos hídricos ha provocado que la extracción de agua dulce para la agricultura, la industria y los usos municipales se haya multiplicado por seis desde 1900 hasta 2014, con un aumento brusco a partir de la década de 1950.

A estas alturas no es tan irrisorio imaginar un futuro en el que las guerras tengan como principal motivo el agua. Y no se trata de una proyección a largo plazo. Según la ONU desde 1947 en el mundo se han producido 37 conflictos bélicos relacionados con el agua y la lista pudiera ampliarse como resultado de tensiones entre países como Turquía, Siria e Iraq, Mozambique y Zimbabue, y más cercanos en la región latinoamericana Bolivia y Chile.

Esas tensiones y desafíos se manifiestan también en Cuba, que por su condición insular presenta más vulnerabilidades a fenómenos como la sequía, la intrusión salina y la contaminación de los acuíferos. Uno de los programas más ambiciosos para mitigar las adversidades asociadas a esta situación fue el surgimiento de la voluntad hidráulica, impulsada por Fidel en los primeros años de la Revolución. Las inversiones realizadas permitieron que el país pasara de poseer apenas 8 presas con una capacidad de más de 40 millones de metros cúbicos de capacidad, a 242 embalses y más de nueve mil millones de almacenaje.

En la actualidad más del 95 por ciento de la población cubana tiene acceso al agua potable-de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información- donde también se señala que anualmente se invierten cerca de 400 millones de pesos para la gestión ambiental de este recurso natural, reciclable pero limitado.

Ello fue evidente en las sequías que azotaron al país a comienzos del siglo XXI que provocaron el emprendimiento de nuevos proyectos de desarrollo como el trasvase Este Oeste, el dique sur en la costa suroccidental y la aprobación de la Política Nacional del Agua por parte del Consejo de Ministros en 2012. Uno de los pasos más significativos derivados de la implementación de esta política fue la Ley de las Aguas terrestres, aprobada en 2017 por el parlamento cubano como etapa conclusiva de un amplio proceso de consulta entre expertos y la población.

Los principales ejes temáticos de la normativa legal apuntan a la defensa de la soberanía sobre el preciado líquido, la sostenibilidad de su explotación, la prevención y reducción de la contaminación del agua y el fomento de la cultura del uso racional del agua, su recolección y reutilización.

En los análisis y debates derivados de la aprobación de este cuerpo legal se señalaron aún deficiencias en la utilización del líquido debido a la alta incidencia de salideros, ineficiencias en los sistemas de acueducto, uso de tecnologías muy consumidoras en la agricultura y la industria y el incremento de las cargas contaminantes y la influencia del cambio climático.

Para 2018 el país espera dar solución a varias de estas problemáticas con el desarrollo de un programa inversionista que asciende a 485 millones de pesos y beneficiará a millones de de personas en 12 ciudades cubanas. Además de la rehabilitación de redes aquí se incluyen la construcción de conductoras, actualización tecnológica de sistemas de tratamiento y la instalación de plantas desalinizadoras.

De igual forma se aboga por la introducción de sistemas de riego por goteo y la aplicación de buenas prácticas como la siembra de agua, que consiste en la construcción de edificios y otras instalaciones cuya arquitectura permite el aprovechamiento de las precipitaciones

Las tensiones que se advierten en los recursos hídricos constituyen desafíos que hay que enfrentar a corto plazo porque el agua que se ahorre hoy será la que tendrán disponible nuestros descendientes en el futuro.

TOMADO DE :CUBAHORA

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